Las justificaciones de Garzon

martes 9 de octubre de 2007
Las justificaciones de Garzón
LAS valoraciones políticas que un juez incluye en una resolución judicial están expuestas a un grado de crítica más intenso que si fueran pronunciamientos estrictamente legales. Por esta razón, es legítimo considerar que está totalmente fuera de lugar el argumento con el que el juez Garzón pretende explicar por qué no actuó antes contra la dirección de Batasuna. Según dice el juez Garzón en el auto de prisión de los cabecillas batasunos, «cuando las actuaciones individuales de personas se han producido aun en nombre y representación de la opción política ilegalizada con el fin de buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente, no puede considerarse ese hecho como un acto delictivo». Este argumento pone en manos de la propia ETA la impunidad del entramado batasuno y es impertinente en una resolución jurisdiccional, porque constituye la utilización de un criterio meramente político para justificar la inacción judicial, es decir, para dar cobertura a una aplicación oportunista de la ley. Por desgracia, la valoración del juez de la Audiencia Nacional va a permitir a muchos ciudadanos temer que su juzgado se declaró en tregua mientras ETA mantuvo el alto el fuego. En un Estado de Derecho, la transferencia a la función jurisdiccional de los planteamientos políticos del Gobierno no es admisible. Esto es que lo refleja el auto judicial al transformar en fundamento jurídico lo que el presidente del Gobierno decía para amparar sus contactos con Batasuna. La «búsqueda de la paz» fue el conjuro que convirtió a Otegi y compañía en interlocutores legítimos del PSOE y del Ejecutivo, interesados en abrir un paréntesis en la criminalidad innata de Batasuna como mero instrumento de ETA. El resultado salta a la vista y no puede ser más negativo.
El pronunciamiento del juez Garzón, además de impertinente por ser de carácter político, no es cierto desde el punto de vista de la ley y de la realidad de los actos realizados por los dirigentes de Batasuna ahora en prisión. Esta formación política es una organización ilegal porque fue creada y está dirigida por ETA. Este hecho no es una presunción ni una conjetura. Es una declaración firme de la Sala Especial del TS, emitida en la sentencia que aplicó la Ley de Partidos al entramado etarra. Además, Batasuna tiene prohibida toda actividad desde enero de 2006, cuando el juez Grande-Marlaska -para quien el PSOE no tuvo el respeto que ahora pide para Garzón- decretó nuevamente la suspensión cautelar de Batasuna en el marco de las investigaciones penales por su inserción en ETA. Por tanto, Batasuna nunca ha podido realizar actividades políticas lícitas, ni siquiera con la excusa de propiciar «el fin de la violencia», en el supuesto de que alguna vez se hubiera planteado este objetivo. Batasuna es una organización terrorista no por lo que coyunturalmente haga o deje de hacer, sino por su naturaleza meramente instrumental de la estrategia de ETA, y así lo demostró durante la tregua, callando la más mínima condena por el atentado de la T-4, no pidiendo a los etarras el cese del terrorismo, apoyando los actos de intimidación como el «alarde» de los pistoleros en Oyarzun o haciendo de portavoz de las amenazas etarras por la marcha del proceso.
El análisis objetivo de la historia de estos tres últimos años demuestra, en el plano de los hechos, que Batasuna nunca ha buscado la paz, sino el logro de los objetivos principales de ETA. Esta actitud sumisa se debe a que las treguas concedidas por la organización terrorista forman parte de su estrategia contra el Estado. Es más, ETA no tiene reparo alguno en presentar sus treguas como una herramienta para provocar crisis y disensiones en el Estado, pues cuando decreta un alto el fuego es para darse a sí misma una oportunidad de reorganizarse y de alcanzar sus objetivos mediante la negociación política. Por esto, la Batasuna que refleja Garzón en su auto es tan ficticia -y, al mismo tiempo, tan coincidente- como la Batasuna que se inventaron el PSOE y el Gobierno para legitimar su diálogo político. Más verosímil es que la inacción judicial que ahora se pretende justificar -con argumentos que empeoran la valoración- respondía no a una falta de tipicidad penal en los actos de Batasuna, sino a la necesidad política de no perseguir judicialmente a aquellos proetarras que estaban sentados en las mesas de negociación aceptadas por el Gobierno. Pero esto no admite justificación alguna.