Jose Oneto, La polemica Ley de la Memoria Historica...

miercoles 10 de octubre de 2007
La polémica Ley de la Memoria Histórica... José Oneto

La ponencia constitucional del Parlamento que preside Alfonso Guerra se reúne hoy para cerrar la redacción definitiva de la llamada Ley de Memoria Histórica, que al final ha quedado bautizada como Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Con este largo título, que no agrada a nadie y que refleja las luchas internas que se han producido en torno a una de las leyes más discutidas de esta legislatura y que ha constituido una verdadera obsesión para Rodríguez Zapatero, el Parlamento, en pleno, votará en octubre, después de la Ley de Presupuestos, lo que será uno de los proyectos legislativos que más polémica producirá en los próximos meses y que ha estado a punto de naufragar ante la convocatoria electoral del próximo mes de marzo.
Atacada por la derecha del Partido Popular, que sostiene que estamos ante un intento de reabrir las heridas de la Guerra Civil, cerradas definitivamente con la Constitución de 1978, con la Ley de Amnistía de Suárez y con la vuelta a España de los exiliados de la dictadura, y, por la izquierda, especialmente el Partido Comunista que, hasta el final, ha defendido la anulación de todas las sentencias que se produjeron durante el franquismo, el proyecto va a permitir enterrar civilizadamente a los muertos durante la Guerra Civil y la derogación de todas las medidas represoras del franquismo.
Se ha acudido a un camino intermedio para contentar a Izquierda Unida y, en vez de anular las sentencias (al parecer jurídicamente imposible), se declara la ilegitimidad de los Tribunales que durante la Guerra Civil se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos o ideológicos o de creencia religiosa, condenas y sanciones, así como la de sus resoluciones.
Esta fórmula ambigua permitirá a cualquier afectado poder acudir al Tribunal Supremo para la revisión de las condenas del franquismo, y serán entonces los jueces los que decidirán e interpretarán la norma, ya que, hasta ahora, los jueces se han negado sistemáticamente a volver a tratar asuntos ya juzgados (caso del anarquista Salvador Puig Antich, por ejemplo, uno de los últimos fusilados al final del franquismo).
El principal obstáculo ha estado, según destacados juristas, en una reforma legislativa que abriese indiscriminadamente la posibilidad de revisar sentencias firmes dictadas en situación de conflicto armado o en época de pre o posguerra. O imponer retroactivamente las garantías jurídicas de la Constitución de 1978, o el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Histórica a los años treinta, cuarenta o sesenta.
En el caso de que se anularan todos los juicios, se anularían no sólo los juicios que se hicieron contra quienes simplemente eran republicanos, sino también contra los juicios que se hicieron contra quienes realmente participaron en asesinatos y actos de crueldad y torturas.
Para otros, no es posible una auténtica reconciliación nacional, dadas las circunstancias en que se produjo la Transición y en las que se elaboró la Constitución, que no deja de ser producto de muchos miedos, de una norma jurídica producto de un alzamiento militar contra un Gobierno legítimamente constituido.