Jose Oneto, La pelea por el control del Constitucional

lunes 22 de octubre de 20007
La pelea por el control del Constitucional José Oneto

La verdad es que todo comenzó con Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional (1980-1986). Dicen que el ilustre jurista murió de pena, en Caracas (Venezuela), sin perdonarse el voto a favor de la constitucionalidad del decreto por el que se expropió el imperio Rumasa en febrero de 1983. Su voto, como presidente, era decisivo para deshacer el empate, y fueron tantas y tan fuertes las presiones que, al final, votó a favor de la postura del Gobierno.
Después de aquel escándalo, todos los gobiernos de turno metieron la mano en la composición del Tribunal, en influir en muchas de sus sentencias e, incluso, en vetar a los que teóricamente eran los suyos, como le ocurrió a Vicente Conde (conservador), que se negó a votar a favor del Partido Popular cuando el PP intentó que el Constitucional rechazase la posibilidad de que se discutiese el Plan Ibarretxe en el Parlamento. Aznar no se lo perdonó y, paradójicamente, una representante del sector progresista, María Emilia Casas, accedió a la Presidencia cuando estaba asegurada la candidatura de Conde por ser, en caso de empate, el miembro de más edad...
Ahora, María Emilia Casas es la que está en la picota (si no, visualícese el sonrojante vídeo de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, abroncándola en público con palabras gruesas en el acto del desfile de la Fiesta Nacional), porque el Gobierno ha prolongado su mandato —y el del vicepresidente— para evitar que la mayoría conservadora se haga con el control del Tribunal, cuando está pendiente no sólo el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, sino un total de 19 leyes de todo el mandato Zapatero, desde el Plan Hidrológico Nacional, hasta la ley de matrimonio de los homosexuales, pasando por la ley de igualdad o la de violencia de género.
Esta prolongación del mandato realizada sin el consenso de la oposición, a la que se opusieron en carta pública dos miembros del sector conservador (los magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata), provocó un recurso del PP que, a su vez, originó que tanto la presidenta como el vicepresidente pidiesen su abstención en el debate de la cuestión planteada por el PP, porque se consideraban parte del contencioso.
Esas dos abstenciones que dejaban en manos del sector conservador la mayoría en cualquier votación, fue el motivo de ese incidente público de la vicepresidenta del Gobierno con la presidenta Casas... El malestar del Gobierno era tan evidente que días más tarde, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, se tomaba la decisión insólita, insólita en todo el periodo democrático, de recusar a los dos magistrados que se habían opuesto a la reforma de la Ley Orgánica que regula la Institución (LOTC).
De esta forma, si el pleno del Tribunal acepta la reacusación presentada por el Gobierno, el Tribunal Constitucional vuelve a estar controlado por el sector progresista y el Gobierno tiene la garantía de que, a corto plazo, se dilata hasta después de las elecciones generales el dictamen sobre el Estatuto de Cataluña. Al tiempo que se garantiza que el resto de las leyes recurridas por el Partido Popular, fruto de toda una legislatura que termina, sean declaradas inconstitucionales.
Todo un enredo jurídico en el que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se juegan mucho, aunque a ambos les importe poco el prestigio del Tribunal, su apariencia de imparcialidad y su independencia tanto de los partidos políticos como del poder ejecutivo.
El PP no quiere que cambie la actual correlación de fuerzas que le beneficia (igual que ocurre en un Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está paralizada desde hace un año) y el Gobierno está dispuesto a cambiar de pronto las reglas del juego para evitar que toda la legislatura se ponga en duda, especialmente su comienzo de diseño territorial que se abrió con el polémico Estatuto de Cataluña, algunos de cuyos artículos son claramente anticonstitucionales.
Lo peor es que con todo este enredo, muy pocos aceptarán y creerán en las decisiones de un Tribunal que parece que está más al servicio de los partidos políticos que de la defensa de la Constitución.