Javier Gurruchaga, Democracia y legalidad

Democracia y legalidad
19.10.2007 -
x.gurrutxaga@diario-elcorreo.com XABIER GURRUTXAGA

Se puede estar radicalmente en contra de la propuesta de Ibarretxe sobre el derecho de decisión de la sociedad vasca. Se puede también, cómo no, mostrar la disconformidad más absoluta respecto de la hoja de ruta. Me encuentro entre esos ciudadanos que discrepan de la estrategia adoptada, por haber alterado el orden de los factores en el esquema de negociación. Creo que Ibarretxe y el tripartito cometieron un grave error al dar el visto bueno a esa 'hoja de ruta', aunque creo también que están a tiempo de adaptarse a la nueva situación y corregir la misma, situando como objetivo prioritario un acuerdo en Euskadi, y que en ese debate que cada cual aguante su vela. Cabe también oponer a la propuesta del lehendakari los problemas de encaje constitucional o legal. Lo que no cabe, y por ello resulta inadmisible, es expulsar del ámbito de la democracia, del espacio de la libertad, toda idea o propuesta que no tenga su encaje en la legalidad vigente. Existe vida democrática también más allá de la legalidad que en cada momento resulte vigente. El compromiso democrático no reside en la obligatoriedad de tener que mostrar la conformidad con las leyes, sino en la disposición leal de acatarlas, aunque sea con el firme propósito de reformarlas. Si el principio democrático quedara reducido exclusivamente al principio de legalidad, automáticamente se impondría en nuestro ordenamiento el vicio de la inmutabilidad de las normas y la petrificación del ordenamiento. No podemos olvidar que el Derecho tiene como finalidad esencial regular los derechos y las libertades de los ciudadanos y procurar una convivencia pacífica y democrática entre los mismos. El principio de legalidad no es un fin en sí mismo, sino un instrumento fundamental para conseguir los objetivos democráticos de los ciudadanos. Se nos ha dicho y con razón que el ordenamiento jurídico español permite a un independentista vasco defender como aspiración política la independencia de Euskadi. Lo contrario sería una limitación democrática muy grave que afectaría al núcleo esencial de un derecho fundamental constitucional como es la libertad de expresión. Otro tanto sucede con la defensa de la soberanía política como plasmación del ejercicio del derecho de decidir. Sin embargo, el problema no reside ahí, sino en el reconocimiento de que todas las opciones políticas deben disponer de los mecanismos y posibilidades de llevar a la práctica sus objetivos democráticos. La función del ordenamiento jurídico es garantizar los mecanismos para adoptar dichas decisiones y hacer posible su aplicación y puesta en práctica, siempre y cuando se sigan los procedimientos de diálogo y consenso establecidos, respetando el pluralismo y los derechos y libertades de todos. Estas palabras no son mías, son de Jesús Egiguren. Yo las comparto plenamente. Es preciso ofrecer al nacionalismo vasco esos mecanismos suficientes para que pueda encauzar su soberanismo a través de la legalidad y del pacto, y no desde el rupturismo y la confrontación. Es obvio que el nacionalismo debe mostrar su total y absoluta disposición a actuar en el marco de la legalidad, pero las fuerzas constitucionalistas tienen también una enorme responsabilidad. Salvo que en éstas se imponga la teoría de hacer todo lo posible para llevar al nacionalismo vasco a un callejón sin salida, donde se imponga la radicalidad y el rupturismo. No creo que sea una vía aconsejable para el futuro de la sociedad vasca ni de la misma sociedad española.