Ibarretxe, eta y Downing Street

lunes 22 de octubre de 2007
Ibarretxe, eta y Downing Street
EN su Zutabe 93 de diciembre de 2001 ETA exigía de los Estados español y francés una «Declaración de Downing Street». Esta misma exigencia es la que vuelve a plantear Juan José Ibarretxe, insistiendo en una reivindicación en la que han coincidido desde hace años tanto el nacionalismo institucional como la organización terrorista. Esta reclamación surge de una de las múltiples manipulaciones que tanto el PNV como ETA vienen realizando del denominado «proceso de paz» norirlandés.
El referente de Irlanda del Norte se ha convertido en un mecanismo a través del cual se insiste en condicionar el final de la violencia a la satisfacción de intereses nacionalistas. De ese modo se apela a una «declaración de Downing Street a la vasca» que, según una retorcida adaptación nacionalista a nuestro ámbito, obligaría al Estado a aceptar cualquier reforma del marco jurídico y político que viniera respaldada por el parlamento de dicha región. Semejante propuesta constituye por tanto una drástica alteración de nuestro ordenamiento, que lógicamente otorga a las Cortes una necesaria capacidad de decisión sobre cuestiones tan cruciales. Sin embargo, la referida «declaración de Downing Street», firmada por los gobiernos británico e irlandés en 1993, es utilizada como aval para tan radical y peligroso planteamiento mediante la conveniente distorsión de sus contenidos.
Tanto la banda terrorista como el nacionalismo institucional interpretan que dicha Declaración supone el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo irlandés, circunstancia ésta que, según Ibarretxe y ETA, habría llevado al IRA a abandonar el terrorismo. Por tanto Ibarretxe aduce que un reconocimiento similar por parte del Estado español desencadenaría el final de ETA. El nacionalismo institucional llega a esta conclusión desde una interesada manipulación del referido documento que además permite establecer que la continuidad de la violencia etarra resulta lógica mientras se niegue ese derecho a la autodeterminación.
La propia documentación de la organización terrorista revela cuán sesgada es la interpretación que desde el nacionalismo se hace de la Declaración. Mientras que por un lado se reivindica dicho documento como garante de la autodeterminación, el análisis del Acuerdo de Viernes Santo que ETA realizaba en su Zutabe de junio de 2001 mostraba un mayor realismo: «Al pueblo irlandés en su totalidad se le niega el derecho de autodeterminación y por otro lado el gobierno de los 26 condados (de la República de Irlanda) deberá cambiar su Constitución, renunciando a 6 condados (de Irlanda del Norte), hasta que sus ciudadanos decidan otra cosa. Los irlandeses deberán aceptar la división de su pueblo».
Esta visión coincide con la expresada por el IRA y el Sinn Fein, que rechazaron la Declaración de Downing Street al entender que no quedaba reconocido el derecho a la autodeterminación en los términos exigidos por el movimiento terrorista. Así era porque el texto señalaba: «El gobierno británico está de acuerdo en que sólo a los ciudadanos de la isla de Irlanda les corresponde, mediante acuerdo entre las dos partes respectivamente, ejercer su derecho a la autodeterminación en virtud del consentimiento, libre y simultáneamente concedido, en el Norte y en el Sur, para proceder a la creación de una Irlanda unida si tal es su deseo».
Por tanto, el gobierno británico no aportaba nada nuevo respecto al reconocimiento que durante décadas ya había hecho de la posibilidad de una Irlanda unida siempre y cuando la mayoría de la población de Irlanda del Norte así lo consintiera. Sin embargo, el IRA siempre se había opuesto a que ese ejercicio de autodeterminación quedara supeditado al veto de la mayoría norirlandesa, pues entendía que dicho derecho debía tener como base una circunscripción única en la forma de toda la isla de Irlanda. En definitiva, en la Declaración de Downing Street el derecho a la autodeterminación quedaba vacío de contenido desde el punto de vista del IRA al estar sometido al «principio del consentimiento». Ese «principio del consentimiento» era también el pilar de otra declaración del mismo nombre ya firmada en 1969.
Por tanto, y al contrario de lo que ha argumentado el nacionalismo vasco, el IRA no interrumpió su campaña terrorista a causa de un peculiar reconocimiento del derecho a la autodeterminación que en absoluto coincidía con sus aspiraciones, sino como resultado de otros factores. Entre las causas de la renuncia al terrorismo se encuentra la eficacia de políticas antiterroristas coactivas que debilitaron sobremanera al IRA y la actitud del nacionalismo moderado irlandés que difiere sustancialmente del mostrado por el PNV. La estrategia de Ibarretxe evoca a la que ya resumió Xavier Arzalluz en una entrevista publicada en Deia el 10 de diciembre de 2000. En ella aseguraba que «para un nacionalista la vía de acción política está con la izquierda abertzale y no precisamente con el PP o el PSOE», rechazando la cooperación con estas formaciones al juzgar que con ellas se estaría «cada vez en un más tibio autonomismo». Mientras el nacionalismo norirlandés optaba por un «tibio autonomismo» con la esperanza de derribar el etnicismo excluyente detrás de la campaña terrorista, en cambio el PNV ansía desbordar la amplia autonomía que ha gestionado desde sus orígenes.
Así pues, es evidente que la Declaración de Downing Street no representó esa decisiva iniciativa que según el nacionalismo vasco habría empujado al IRA a detener el terrorismo. Debe insistirse en las críticas que tanto el IRA como el Sinn Fein dirigieron a esta iniciativa gubernamental, pues al subrayarse ese rechazo se constata el escaso rigor con el que Ibarretxe tergiversa la Declaración. Se desmorona así el principal argumento con el que el presidente vasco justifica la extrapolación de una medida similar al contexto vasco, pues esa supuesta relación de causa-efecto entre la Declaración y el cese de la violencia del IRA es inexistente.
En consecuencia la instrumentalización que de dicha Declaración realiza el nacionalismo no persigue aportar argumentos que hagan inevitable el final del terrorismo etarra. Por el contrario, tan deseable aspiración constituye únicamente un pretexto con el que legitimar propuestas nacionalistas que se benefician de una violencia cuyo final se promete, si bien sólo a cambio de la satisfacción de ciertos intereses del nacionalismo. Todo ello mientras Ibarretxe sigue obviando la evidente incapacidad de una libre autodeterminación de quienes continúan bajo la amenaza terrorista.
El recurso a esta Declaración le permite al nacionalismo establecer una comparación con un contexto de violencia definido por rasgos diferenciales sin parangón en nuestro propio entorno. Cierto es que el terrorismo constituye un denominador común de los conflictos terroristas en Irlanda del Norte y el País Vasco. No obstante, al homogeneizarse la violencia a pesar de las distintas causas que la motivan en uno y otro escenario, se subestiman los elementos distintivos de cada uno de ellos que obligan a descartar la exportación de ciertos instrumentos aplicados en Irlanda del Norte que resultan totalmente contraproducentes para el País Vasco. La Declaración de Downing Street es uno de ellos, pues facilita al nacionalismo vasco la redefinición del problema terrorista en un antagonismo entre el pueblo vasco y el Estado español. Así aunque ETA haya reconocido la insatisfacción que la Declaración provocó en el IRA, su reivindicación para el País Vasco le permite contextualizar la violencia terrorista como consecuencia de la negativa del Estado a reconocer la autodeterminación. Por ello la propuesta de Ibarretxe contribuye a deslegitimar las instituciones democráticas incentivando la perpetuación de una ETA que queda perversamente justificada.
ROGELIO ALONSO
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos