Filtraciones

lunes 22 de octubre de 2007
Filtraciones
LAS informaciones basadas en filtraciones -que son la mayoría de las denominadas exclusivas- resultan perfectamente legítimas, y los medios de comunicación, con responsabilidad para valorar correctamente los valores en juego cuando las publican, se sirve de ellas para conformar su agenda noticiosa. Nada que objetar al respecto. Sí, por el contrario, a quienes, debiendo mantener un comportamiento discreto y sobrio, sea por razones institucionales o de posición pública, vulneran la privacidad con la que, como norma, se conduce en sus apreciaciones el Jefe del Estado, Su Majestad el Rey. Mariano Rajoy, en declaraciones a ABC, marca la pauta de conducta de los responsables públicos en relación con las conversaciones del Rey y con el Rey, que deben estar amparadas por una voluntaria discreción de sus interlocutores. Cuando el Jefe del Estado desea expresar públicamente sus opiniones, lo hace por cauces bien establecidos y perfectamente transparentes, o a través de personas autorizadas debidamente para ello.
Las revelaciones según las cuales Don Juan Carlos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cruzaron apreciaciones diferentes a propósito de la actitud del responsable de un programa de la cadena COPE son perfectamente verosímiles -según ha podido comprobar este periódico, y al menos en gran parte ciertas- pero ello no conduce a que su posible veracidad exima la denuncia y la censura hacia aquel o aquellos que filtraron los términos de un cruce de opiniones que debió quedarse en el ámbito estricto en el que se produjeron: un almuerzo oficial en el que participaron personalidades de heterogénea ideología y valedores de intereses diversos, que compartieron mesa con el Rey en razón de sus competencias y responsabilidades públicas. Traicionar la confianza del Jefe del Estado -lo que ha provocado en la Casa del Rey «sorpresa» y «malestar»- es una forma incorrecta de concebir y entender las relaciones de poder que comportan obligaciones no siempre escritas, pero que se deducen de valores democráticos que, como los de la lealtad y la prudencia, deben estar especialmente vigentes en un régimen de opinión pública en el que la Corona carece de instrumentos de defensa frente a la atribución a quien la encarna -el Rey y los miembros de la Familia Real- de afirmaciones o apreciaciones no siempre exactas.
La situación por la que atraviesan la Monarquía y Su Majestad el Rey en estas últimas semanas es bien conocida. Negar que la Corona está recibiendo embates de diversa naturaleza y a propósito de intereses distintos -desde la izquierda radical y la extrema derecha- es negar una evidencia. Don Juan Carlos, el pasado primero de octubre, y con motivo de la apertura del curso universitario en Oviedo, reivindicó la Monarquía como forma de Estado que había proporcionado y proporciona a España una enorme estabilidad. Antes de ese pronunciamiento, las víctimas del terrorismo y distintas instancias sociales ya se habían adherido al Rey, y después de ese discurso real lo hicieron en cascada otras -empresarios, asociaciones, organizaciones de distinta naturaleza-. El reconocimiento público al Jefe del Estado llegó, incluso, de los partidos liberales y conservadores europeos en los prolegómenos de la reciente cumbre de la UE en Lisboa, sin olvidar la admiración expresa de la ciudad de Atenas a Dona Sofía, galardonada con la medalla de la capital de Grecia. Por otra parte, el pasado día 12, jornada de la Fiesta Nacional, la adhesión al Rey y a la Corona se expresó, además de con los nutridos aplausos de los ciudadanos, con una masiva asistencia a la recepción oficial en el Palacio Real. Como bien proclamó el ex presidente Aznar el pasado día 4 de octubre, «a España le conviene la Monarquía».
La defensa de la Corona y del Rey implica, en muchas ocasiones, adversidades y descalificaciones, pero no pasa nunca por la instrumentación de las palabras del Jefe del Estado cuando éstas se pronuncian en ámbitos reservados y discretos. La Monarquía se defiende desde la convicción, salvaguardando al Rey de indiscretos y de indiscreciones y fomentando en todas las instancias -mediáticas, institucionales y sociales-la valoración que su gestión merece como «símbolo de la unidad y permanencia del Estado».