miércoles, octubre 17, 2007

El Gobierno encizaña al TC

jueves 18 de octubre de 2007
El Gobierno encizaña al TC
EL Tribunal Constitucional vive una situación de crisis interna de confianza que no encuentra precedentes, y su causa es la politización ilimitada con la que está siendo tratado por el Gobierno socialista. La abstención de la presidenta y del vicepresidente de este órgano es una consecuencia de la irrupción brutal del Ejecutivo en las reglas de funcionamiento del TC, vigentes desde su fundación. Las futuras recusaciones que pudieran presentarse contra otros dos magistrados por parte de la Abogacía del Estado serían el remate de una estrategia de asalto a las instituciones fundamentales del Estado. Todo arranca del temor, cada día menos disimulado, del PSOE a que el TC derogue total o parcialmente algunas de las principales leyes de este mandato: la del matrimonio entre homosexuales, la integral contra la violencia de género y, sobre todo, la que aprueba el estatuto de autonomía de Cataluña. Los socialistas quieren hacer con el TC lo mismo que con el Consejo General del Poder Judicial cuando cambiaron a toda prisa la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo: intentar someter a su dictado a las instituciones independientes. Por eso han aprobado una reforma de la Ley Orgánica del TC con una enmienda sorpresiva que prorroga el mandato de su presidencia más allá del plazo previsto inicialmente. De esta forma, el PSOE quiere asegurarse el voto de calidad de la actual presidenta del TC, María Emilia Casas, perpetrando así una agresión incalificable al prestigio de esta jurista, tratada como si fuera una afiliada socialista y no como la máxima responsable de una institución del Estado. El crispado monólogo de la vicepresidenta del Gobierno con la presidenta del TC, durante el desfile de la Fiesta del Doce de Octubre, resume mejor que nada esta tensa relación.
Lógicamente, tanto la magistrada Casas como el vicepresidente, Guillermo Jiménez, decidieron abstenerse para no participar en el trámite de admisión del recurso del PP contra la reforma de la ley del TC, porque ésta afecta directamente al régimen jurídico de sus cargos. Nadie sabe mejor que el propio juez si está o no en condiciones de actuar sin sombra de parcialidad. El problema nunca debió ser, por tanto, si se aceptaban o no estas abstenciones, cuya mejor defensa es la decisión misma de abstenerse tomada por ambos magistrados. El problema está en la nueva correlación de fuerzas internas, pues desde el momento en que el Pleno del TC aceptó el pasado martes la abstención de la magistrada Casas, la presidencia ha pasado a un magistrado encasillado en el bloque «conservador», quien puede utilizar el voto de calidad en caso de empate para resolver este recurso del PP.
Por tanto, la partición del TC y su inestabilidad interna responden a una manipulación previa de sus reglas de funcionamiento por el interés particular del Gobierno de salvar unas leyes que se han hecho sin atender a una elemental prudencia constitucional. El PSOE ha utilizado la potestad legislativa del Parlamento como una herramienta de cambio político partidista o, en el mejor de los casos, de mera propaganda, evitando los dictámenes incómodos de los órganos consultivos y retorciendo la letra y el espíritu de la Constitución. Ahora pretende conjurar el riesgo de que el TC, al hacer su trabajo, ponga de manifiesto las carencias de una legislación irreflexiva o partidista. La estrategia del Gobierno es convertir el TC en un avispero para poder desacreditar anticipadamente unas posibles sentencias contrarias a sus intereses. La irresponsabilidad con la que desde el PSOE y el Gobierno se anima a encizañar a magistrados «progresistas» con magistrados «conservadores» demuestra que están dispuestos a pasar por encima de cualquier consideración institucional con tal de lograr sus objetivos. El coste de esta política destructiva está siendo muy alto, porque daña el crédito social de algunas de las instituciones más importantes del Estado. No sólo se ha perjudicado al TC, también al Consejo General del Poder Judicial, que lleva un año en funciones, o al Consejo de Estado, órgano absolutamente despolitizado, pese a lo cual su autorizada opinión ha sido muchas veces desoída o directamente ignorada. El Gobierno ha pretendido gobernar como si no hubiera otros poderes en el Estado y éstas son las consecuencias.

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