Carlos Luis Rodriguez, Legislar el pasado

domingo 21 de octubre de 2007
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ
a bordo
Legislar el pasado

Los tres términos son difíciles de conciliar. Ley, memoria, historia. Ni la memoria ni la historia pueden someterse a la ley porque legislar sobre el pasado es un sinsentido orwelliano. La memoria es patrimonio de cada individuo y está mezclada con sentimientos que son intransferibles. En cuanto a la historia, basta con ir a una biblioteca o librería para saber que sobre cualquier acontecimiento existen historias, en plural, cada una con su parte de verdad.
Tampoco historia y memoria se llevan del todo bien. La historia pasa por el tamiz del historiador, que le aplica su metodología y a veces sus prejuicios. En cuanto a la memoria, aunque a veces se hable de memoria colectiva, es una facultad personal con la que se recogen las vivencias de cada persona, en las que la Historia con mayúsculas es una especie de escenario general.
Por eso han tenido que pasar treinta años de democracia para que apareciera una memoria histórica regulada legalmente. Todos los predecesores de Rodríguez Zapatero se dieron cuenta de las dificultades y problemas que suponía el empeño, y por ello optaron por reparar los daños de la dictadura de forma menos ruidosa.
Se optó por lo práctico, o sea por dejar la memoria en paz y rehabilitar a los represaliados, compensar a los depurados y devolver el patrimonio a las organizaciones víctimas de expolio. Buena prueba de que las reparaciones se hicieron bien, es que a día de hoy no hay represaliados, depurados ni expoliados con causas pendientes.
En consecuencia, la reparación de las víctimas de la dictadura no es el objetivo de esta ley. Tampoco el satisfacer una demanda social que no existe. Resulta significativo que haya aparecido una variedad de arqueología dedicada a descubrir vestigios del franquismo. ¡El franquismo ya es arqueología! Cuando los nuevos Indiana Jones encuentran una inscripción, un monumento, un nombre en el callejero, tienen que explicar de qué se trata porque a muchos ciudadanos ya no les dice nada.
En realidad, el impulso de esta ley está en el malestar que sienten algunos ante un hecho irrefutable de la transición. La democracia vigente tiene su origen legal en el franquismo, cuyas Cortes votan la reforma política, y no en la Segunda República. A diferencia de lo ocurrido en Portugal o Grecia, donde las dictaduras son derrocadas, aquí se disuelven dando lugar a un Estado cuya jefatura ostenta el mismo que fue designado sucesor por Francisco Franco.
Existía hasta ahora un acuerdo generalizado de que este mestizaje de las dos Españas era algo saludable. Un acuerdo que se mantiene desde 1982 a 1996, a pesar de que Felipe González tiene fuerza suficiente para legislar sobre la memoria y darle la vuelta a lo que se llamó ruptura pactada. No lo hace porque entiende que no hay mejor victoria sobre la dictadura, que el hecho de que esté gobernando uno de los partidos más representativos del régimen republicano contra el que se sublevara el dictador.
Ese criterio cambia porque el nuevo socialismo precisa de munición adicional contra la derecha. En otros países vecinos, los argumentos de la izquierda contra los conservadores se buscan en el presente y en el futuro, mientras que aquí se escarban en el pasado. Se pretende recuperar una imaginaria genealogía que uniría a unos con la España franquista y a otros con la antifranquista. Guste o no, la España mayoritaria practicaba el franquismo pasivo, o la resistencia inactiva. De ella proceden dirigentes y electores de la izquierda y la derecha.