Cañada Real, los errores se pagan

sabado 20 de octubre de 2007
Cañada Real, los errores se pagan
LA violenta reacción de los habitantes del asentamiento ilegal de la Cañada Real, en Madrid, es un episodio muy grave, porque demuestra cuál es caldo de cultivo que se produce con la inmigración mal integrada, la tolerancia hacia a las bolsas de marginación y la consolidación de poblados chabolistas atrapados por la delincuencia y la pobreza. En todo caso, hay que partir de la condena absoluta que merece la violencia que se desató contra las fuerzas policiales encargadas de ejecutar una orden judicial de demolición. Las imágenes de los incidentes han mostrado una agresividad inusitada y también una cierta preparación organizativa, lo cual es un motivo de mayor preocupación, pues las demoliciones van a continuar y los habitantes de la Cañada Real ya han manifestado su intención de seguir oponiéndose.
Un juzgado de Madrid ha paralizado cautelarmente los derribos, lo que no es una solución, sino un aplazamiento del problema que antes o después habrá que abordar definitivamente, porque representa una situación insostenible. En la Cañada Real habitan más de 30.000 personas de diversas nacionalidades, sin empleos estables, muchas de ellas en situación irregular y dedicadas a actividades ilegales, como el narcotráfico o la venta de objetos robados. Sus casas están construidas ilegalmente y carecen de servicios básicos, accediendo de forma fraudulenta a algunos suministros, como la luz. Por tanto, es imprescindible una actuación desde los poderes públicos para erradicar este gigantesco foco de marginación, delincuencia y pobreza.
La existencia de la Cañada Real es también una advertencia sobre las consecuencias de no atajar a tiempo la formación de estas «urbanizaciones» marginales y las causas que las provocan. La responsabilidad de las administraciones públicas viene de lejos, y tendría poco sentido hacer reproches a las actuales o a las anteriores. Si grave es lo que sucede, más grave puede ser lo que venga. Por eso resulta necesaria una concertación entre las distintas administraciones para, por un lado, erradicar este y todos los demás asentamientos ilegales, porque la impunidad también produce un «efecto llamada»; y, por otro, para esforzarse en integrar a las poblaciones inmigrantes en una convivencia digna, con pleno reconocimiento de sus derechos y obligaciones, lo que implica, a su vez, exigir a estos colectivos una clara voluntad de inserción en la sociedad que los acoge como condición de permanencia en nuestro país.
No puede decirse que la España de 2007 no ofrezca servicios sociales y ayudas públicas suficientes para los inmigrantes legales y sus familias: bastaría con comprobar el número de ciudadanos extranjeros beneficiados, especialmente en Madrid, por estas actuaciones públicas. Mientras tanto, la ley debe aplicarse de forma estricta, con proporcionalidad en los medios y con claridad en los objetivos finales.