Atraer cerebros

Atraer cerebros
24.10.2007 -

La Comisión Europea propuso ayer a los Estados miembros la aplicación de una directiva por la que se crearía una 'tarjeta azul' a fin de propiciar la afluencia de inmigrantes cualificados a los países de la UE. La iniciativa trata de situar a Europa en igualdad de condiciones con otros polos de atracción de personas altamente especializadas y, en particular, respecto a Estados Unidos. La Unión Europea lleva años resistiéndose a elaborar una política migratoria común y a duras penas concierta esfuerzos para el control de sus fronteras más sensibles, como la española. Por lo que legislar sobre un aspecto parcial de la inmigración sin acometer globalmente un fenómeno tan complejo no constituye una actuación suficientemente coherente. Curiosamente, la segunda propuesta alumbrada ayer por Bruselas -el reconocimiento de derechos socioeconómicos a los inmigrantes legales- comenzó a hacerse realidad en España a partir de 1985, antes de la incorporación al proyecto comunitario.La búsqueda de mano de obra cualificada en ingenierías, ciencias aplicadas y tecnologías tiene sentido allí donde la oferta supere la demanda, como ocurre en Estados Unidos. No está demostrado que la Europa de los 27, aunque vea peligrar las tasas de reemplazo poblacional, participe de las mismas necesidades. Es cierto que la aplicación de la directiva por parte de cada país y según sus especifidades paliaría los efectos sobre las expectativas de los nacionales cualificados y el incentivo profesional que requieren las nuevas generaciones. Pero el hecho de que permita al inmigrante cualificado trasladarse a cualquier otro país de la Unión después de dos años de estancia podría constituir, de facto, la realización de un derecho de admisión para todos los Estados miembros. La medida, a pesar de las cautelas éticas introducidas, puede redundar en consecuencias perversas para las sociedades originarias de estos inmigrantes, al perder cuadros y elites imprescindibles para su incorporación al desarrollo. Por todo ello, la propuesta de la Comisión debería ser estudiada minuciosamente antes de su entrada en vigor, prevista para 2009. El que se trate de una iniciativa pensada para los desafíos a los que Europa se enfrentará a medio plazo lo permite y lo exige.


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