Acuerdo sin consenso

Acuerdo sin consenso
09.10.2007 -

El principio de acuerdo alcanzado ayer en torno a la llamada Ley de Memoria Histórica entre PSOE, IU-ICV, PNV, CiU y BNG asegura su tramitación parlamentaria. Pero resulta más difícil que consiga «reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura» sin provocar las reticencias o la abierta oposición de numerosos españoles. El hecho de que el pacto anunciado haya recibido rotundas críticas tanto por parte de ERC y del PCE como del PP no sitúa la iniciativa auspiciada personalmente por el presidente Rodríguez Zapatero en un virtuoso punto medio. Es verdad que el proyecto legislativo podrá resarcir a muchos ciudadanos por la injusticia extrema sufrida por ellos o por sus familiares, y por el agravio que ha supuesto que hasta ahora no se reconociera oficialmente su padecimiento. Pero igualmente puede extender una injusta sombra de culpabilidad sobre la conciencia de otros muchos que ni siquiera habían nacido entonces, y sobre la memoria de sus padres o de sus abuelos.Aquella contienda incivil no puede ser narrada como la peripecia de dos bandos enfrentados, sino como el drama vivido por toda una generación de españoles que se vio atrapada por un episodio cainita. Y la tramitación parlamentaria, que permitirá votaciones artículo por artículo y sus consiguientes explicaciones, corre el riesgo de ahondar en heridas que quedaron razonablemente restañadas con la Transición. Además, al declarar la 'ilegitimidad' de los órganos judiciales del franquismo, así como la de las «sanciones y condenas» dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias, la nueva norma puede propiciar recursos de revisión de incierta y desigual suerte ante el Tribunal Supremo. Es indudable que el Gobierno ha convertido la aprobación de este proyecto de ley en objetivo prioritario para el final de la legislatura. Esa intención política se situaría por encima del rigor jurídico y del consenso que requeriría una norma de tanto calado social e histórico. En cualquier caso, harían bien los partidos que ayer alcanzaron un acuerdo en calificarlo como tal, y no como consenso. Porque éste requeriría indefectiblemente el concurso del Partido Popular, cuya ausencia del pacto será más explicable si deja clara su repulsa del golpe de Estado del 36 contra la legalidad constitucional.