Marcello, Fiscales enloquecidos

miercoles 13 de junio de 2007
Fiscales enloquecidos

El comportamiento de los fiscales de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza y Olga Sánchez, que han actuado en el juicio del 11M, ha incluido maneras nada presentables, democráticamente hablando, y más bien enloquecidas porque cometieron un grave error y una grave falta de respeto a la democracia y a la libertad de expresión al incluir, entre sus alegaciones finales, unas soflamas, a todas luces vengativas, contra los medios y los periodistas que han criticado o discrepado de la actuación de la Fiscalía y de sus conclusiones. Si el lunes fue Zaragoza quien arremetió contra los medios —en referencia especial al diario El Mundo y la COPE— acusándolos de “propagar la mentira” y de instruir a su manera un “juicio paralelo”, ayer fue la fiscal Sánchez quien arremetió contra la labor de los periodistas discrepantes diciendo en su alegato final que algunos “aprobaron la carrera pero no tienen la altura de una profesión tan importante en una sociedad democrática”.
Semejantes exabruptos prueban, para empezar, que es Olga Sánchez sobre la que caben todas las sospechas sobre cómo ha podido llegar a ese cargo de responsabilidad en la Audiencia Nacional —no sabemos si aprobó la carrera con todas las de la ley, si copió, o si fue recomendada— para acabar insultando a la profesión periodística en general, por más que ella sólo haya pretendido referirse a quienes la han criticado, con ese desahogo indigno de su cargo y posición, y en un momento crucial del proceso que ha querido utilizar para llevar a cabo su propia venganza, una vez que su compañero y jefe de la Fiscalía de la Audiencia, Zaragoza —éste sí llegado al cargo con la ayuda partidaria de Pumpido y para hacer notorios servicios al Gobierno, como lo hemos visto en todo el proceso de negociación con ETA—, ya había abierto la veda de la crítica a los medios.
Del empeño y la estrategia a favor de la conspiración etarra/policial del 11M que a lo largo de estos años han liderado El Mundo y la COPE se puede discrepar, porque, en verdad, nada avala semejante teoría conspirativa, ni hechos, ni pruebas, ni indicios notables. Pero una cosa es la crítica a estas invectivas periodísticas que se puede hacer desde la política, otros medios y desde la sociedad civil, y otra muy distinta que se haga desde el ministerio fiscal, donde se tiene la obligación —como cualquier institución del Estado— de respetar la libertad de expresión y la crítica, justificada o no, máxime cuando se está en el ejercicio de sus funciones y en un momento crucial de un procedimiento como el del 11M, que estos fiscales han distorsionado con reyertas particulares, pensando que de esa manera vengaban sus afrentas y equilibraban los alegatos que, al contrario, han presentado en la Sala los abogados de las víctimas afines a la teoría de la conspiración.
Además, con semejantes bufonadas, Zaragoza y Sánchez —por muy agotador y notorio que haya sido su trabajo a lo largo de estos meses—, al entrar en el cuerpo a cuerpo con los medios y los periodistas defensores de la teoría de la conspiración, pueden haber errado su objetivo e incluso dar al Tribunal, que ha de dictar sentencia, motivos para la duda al meter el proceso en el torbellino de la batalla mediática. Por lo que le va a hacer falta al juez Bermúdez y a los magistrados que le acompañan grandes dosis de paciencia e imparcialidad para llegar a una buena y justa sentencia que, a la vista de lo ocurrido en el juicio, difícilmente se podrá alejar de la autoría del terrorismo islámico y de cuantos se han sentado en el banquillo del proceso, aunque siempre queden lagunas por aclarar, como ocurre en todo proceso judicial.