La ETA que no virificó el gobierno

viernes 8 de junio de 2007
La ETA que no verificó el Gobierno
LA detención de tres presuntos etarras en el sur de Francia merece ser celebrada porque confirma que, si hay voluntad política, es posible retomar el camino de la presión policial contra ETA, el único que realmente conduce a la paz, porque es el único que garantiza la derrota de los terroristas. La cooperación hispano-francesa ha dado fruto con esta operación conjunta y sólo cabe desear que sea una más de una larga serie que lleve a la erradicación de toda la infraestructura que ETA ha preparado minuciosamente durante estos últimos años de contactos y negociaciones, especialmente desde el falso alto el fuego anunciado el 22 de marzo de 2006.
Sólo un diagnóstico sincero y realista sobre la situación de ETA en la actualidad permitirá a los poderes públicos reemprender una estrategia antiterrorista eficaz. Por eso, la detención de los tres etarras en Francia tiene también una segunda lectura, compatible con la satisfacción por el éxito policial y el reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al Gobierno le consta que la reorganización de ETA ha alcanzado niveles muy altos, lo suficiente para mantener una campaña terrorista de forma continuada y en todo el territorio nacional. Así se lo han comunicado los servicios de información de la policía. La detención de los tres etarras -como la anterior del nuevo «comando Donosti»- y este reconocimiento policial de la situación de ETA plantea serios interrogantes sobre la información que el Ministerio del Interior facilitó a la opinión pública durante el alto el fuego. En concreto, hay que recordar que según el titular de este departamento, el alto el fuego de ETA era «completo y real» en mayo de 2006. Después no hubo más verificaciones. Tanto era así que el presidente del Gobierno se escudó en ese informe de verificación para dar por cumplida la resolución de mayo de 2005 y anunciar el inicio -más bien la continuación- del diálogo con ETA. Igualmente, en aquellos meses iniciales de la tregua, se minimizaron todos los actos delictivos de ETA en el sur de Francia, tales como el robo de coches, matrículas y, sobre todo, de cientos de armas cortas, con la absurda argumentación de que eran gestos de «consumo interno», algo así como una parodia etarra para mantener entretenidas a sus bases. Incluso la destrucción del negocio de un concejal de UPN en Barañáin llegó a calificarse como un simple «ajuste de cuentas» y se puso en duda que los proetarras tuvieran algo que ver con el atentado. Se negó la existencia de cartas de extorsión a los empresarios y la violencia callejera quedó reducida en el discurso oficial a una cuestión de «incontrolados» que querían reventar el «proceso». Aún no se sabe si Ambrosio Fernández, anciano muerto en Vitoria tras inhalar el humo de un incendio provocado por los proetarras, es víctima del terrorismo o de la mala suerte. Toda aquella intensa actividad de propaganda e intoxicación se ha venido abajo como un castillo de naipes. Por ejemplo, en mayo de 2006 ETA estaba introduciendo en territorio español al nuevo «comando Donosti» y sembró el País Vasco con «zulos» llenos de armas y explosivos. El atentado de la T-4 sólo confirmó lo que siempre supo el Gobierno, aunque se negara a reconocerlo: que al rearme masivo de la organización terrorista fue simultáneo al diálogo con ETA y sin consecuencias en el mismo.
El Gobierno reclama adhesión, aunque realmente exige silencio a la opinión pública y a la oposición sobre sus decisiones políticas. Pero se equivoca si piensa que, a estas alturas, los ciudadanos no están en condiciones de discernir entre la lealtad al Gobierno en la lucha antiterrorista y el derecho democrático a exigir del Ejecutivo que diga la verdad y asuma sus responsabilidades. En cuanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha necesitado un tratamiento urgente de buena imagen, De Juana ha ingresado en prisión y tres etarras han sido detenidos. Ambos resultados son, sin ninguna duda, óptimos para la lucha contra ETA, pero aparentan también resultar de una táctica de administración con cuenta gotas y a conveniencia política de los fuertes recursos del Estado de Derecho. Lo importante es que se trate de actos coherentes con la implantación de una verdadera estrategia antiterrorista y no de dosis de placebo para disimular momentáneamente la crisis política del presidente del Gobierno.