Jose Maria Garcia, Impuestos, el que mas chifle, capado

martes 19 de junio de 2007
Impuestos: el que más chifle, capador

POR JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ
NO pasará mucho tiempo antes de que se conozca el número de contribuyentes catalanes que, con una u otra fórmula, han cambiado su domicilio fiscal a comunidades cuyos vecinos soportan una menor carga impositiva. Deben de ser bastantes porque cada vez que puede el señor Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, reclama que el Estado impida la rebaja de impuestos que se está llevando a cabo en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Aunque de legítimo planteamiento en una sociedad libre, la del señor Castells no deja de ser una posición con evidentes síntomas de esquizofrenia político-fiscal. Reclamar simultáneamente, como lo hizo el viernes pasado desde una tribuna pública, mayor autonomía fiscal para Cataluña y denunciar la «competencia fiscal dañina» que provocan otras comunidades cuando rebajan o suprimen impuestos cedidos por el Estado resulta de una incoherencia impropia de quien, como el señor Castells, parece gozar de una reputación de hombre serio.
En todo caso, si las reducciones de impuestos en Madrid o Valencia están provocando la marcha de contribuyentes catalanes, tal y como el propio Castells dejó entrever en su intervención, la huida no debería sorprender a nadie. Desde que el mundo es mundo y desde que se inventaron los impuestos, los sujetos pasivos han buscado activamente aquellas zonas donde resulta más favorable el balance fiscal; es decir, el resultado de restar al dinero pagado en impuestos el valor de los servicios recibidos. Los contribuyentes suelen, en expresión anglosajona, votar con los pies y se instalan allí donde el balance fiscal resulta más favorable.
Es verdad que, de seguir al pie de la letra ese criterio, casi todos los contribuyentes occidentales se domiciliarían en los bien conocidos paraísos fiscales: en Gibraltar, en las Islas Cayman, en Panamá, en Bermudas, en Liechtenstein. Al fin y al cabo, en ninguna de estas plazas te prestan ningún servicio social, pero como se pagan unos impuestos ínfimos, el resultado entre lo debido y lo satisfecho es prácticamente cero. Y si no están atiborradas es por la sencilla razón de que conseguir ciudadanía fiscal en cualquiera de esos paraísos resulta legal y burocráticamente complicado, de forma que sólo compensa a los verdaderamente ricos.
Pero dentro del territorio del Reino de España, trasladar el domicilio fiscal de una comunidad autónoma a otra es fácil y barato, por lo menos de momento: mismo idioma, mismo sistema jurídico, mismos asesores, mismos bancos... Si para el común de la ciudadanía todo es igual, menos los impuestos, ¿por qué resignarse a pagar más cuando puedes tributar menos? Al fin y al cabo, si vivir en Barcelona o en Madrid o en Valencia o en Pamplona sólo presenta diferencias fiscales, la elección es bien sencilla.
Las figuras del deporte, españolas y europeas, se domicilian en Mónaco, pero para privilegiarse del sistema fiscal del Principado tienes que comprar una carísima vivienda y demostrar a las autoridades españolas que por lo menos pasas allí seis meses. Dentro del territorio nacional español los posibles abaratamientos fiscales son, desde luego, menores, pero como resulta menos complicado beneficiarse de ellos, cualquier ahorro impositivo compensa.
En realidad, todo esto es un disparate. En el mundo se buscan espacios económicos y políticos cada vez más amplios. Sin hablar de la Unión Europea, el Nafta americano o las organizaciones regionales asiáticas apuntan a la unificación de mercados en términos legales, fiscales, financieros. En este pequeño país, sin embargo, procedemos contracorriente: allí donde otros buscan mercados unidos, los españoles parecen disfrutar con la parcelación; allí donde se eliminan barreras, aquí las comunidades autónomas multiplican los costes de transferencia. ¿Por qué tener un mercado si puede haber diecisiete?
En realidad, el señor Antoni Castells tiene razón: dentro de España, la competencia fiscal resulta dañina. Pero seguramente, para legitimar esa sentencia, él mismo debería responder a una pregunta previa: ¿y, entonces, por qué el Gobierno tripartito de la Generalidad fomenta, impulsa, propugna y reivindica la partición del sistema fiscal español? Cuando se ha roto la unidad del mercado -pregunten a cualquier empresario con operaciones en todo el territorio nacional- sólo queda una regla: el que más chifle, capador. Y si otro chifla más, ya no cabe llamar a los guardias: el capador trabaja donde quiere.
josemaria@garcia-hoz.com