Enrique Badia, Perdedores de Air Madrid

martes 19 de junio de 2007
Perdedores de Air Madrid Enrique Badía

Una asignatura pendiente del grado de desarrollo y madurez alcanzado los últimos años suele ser la defensa efectiva de los derechos del consumidor. Son muchos los sectores y actividades donde abundan los ejemplos de que ésa, no otra, es la realidad que de vez en cuando a cualquiera le toca soportar. Ello a pesar de la multitud de organismos de las distintas administraciones que, de una u otra forma, tienen teóricamente encomendada esa tarea. La realidad es que por lo general los perjuicios no se reparan o la reparación llega tarde y mal.
A finales del pasado año, en buena medida coincidiendo con las vacaciones de Navidad, miles de personas se vieron afectadas por el cese de operaciones de Air Madrid. Unas tuvieron que renunciar a emprender un viaje contratado —y pagado— con varios meses de anticipación. Otras se vieron atrapadas lejos de sus lugares de residencia, privadas del vuelo de regreso concertado. Y un buen número de ellas hubo de improvisar nuevas rutas, contratar nuevos pasajes y, en definitiva, desembolsar importantes cantidades de dinero para hacerse con un asiento que el resto de compañías no dudaron en prácticamente subastar.
Sin entrar a valorar las causas y los comportamientos de aquel desaguisado, lo que no se puede discutir es que produjo miles de perjudicados a los que algún derecho debía asistirles: como mínimo, la recuperación de las cantidades pagadas por unos vuelos que nunca se llegaron a realizar. Ocurre, sin embargo, que al día de la fecha, seis meses después del fiasco, una mayoría sigue sin haber percibido un solo euro de lo anticipado a Air Madrid por un servicio que no prestó.
Hace pocos días, concretamente la pasada semana, la aerolínea ha presentado ante el juzgado mercantil que tramita su concurso voluntario una propuesta para pagar el precio íntegro de los pasajes a quienes no llegaron a volar… que no sólo llega medio año después de haberles dejado en tierra, sino que además está sometida a distintas limitaciones y no pocas dudas de que sea algo más que una especie de brindis al sol o intento de lavado de imagen de quienes lideraron el por ahora mayor fiasco de una aerolínea española.
Lo principal es que la recuperación de lo abonado por los frustrados pasajeros ha entrado a formar parte de la masa de deuda —del orden de 50 millones de euros— acumulada por la compañía y la lista de acreedores, entre los que figura incluso el Ministerio de Fomento, entre otros conceptos por las cantidades dedicadas a sufragar el retorno a España de pasajeros que ya habían cubierto el primero de los tramos del viaje contratado.
Lo poco optimista de estas perspectivas sugiere que algo no acaba de funcionar en orden a preservar los derechos del consumidor. Es verdad que éste debería ser a menudo más consciente de qué contrata y con quién, asumiendo que las más de las veces las diferencias de precio no son casuales, sino que responden a distintos tipos de prestación y solvencia. Pero no lo es menos que existen zonas y lagunas de indefensión, tanto más cuestionables cuando, como es el caso, la actividad está en buena medida supeditada a supervisión administrativa y una notable regulación.
También en estas fechas, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso ha decidido archivar las diligencias abiertas a raíz de varias denuncias presentadas contra los directivos de Air Madrid por presunta estafa, aduciendo entre otras cosas que la administración aeronáutica no pidió a la compañía que adoptara cautela alguna en la venta de pasajes antes del 12 de diciembre, tres días antes de su resolución, ordenando el cese de toda actividad.
Más allá de que las posibles responsabilidades acaben establecidas y exigidas por quien corresponda, sí parece que algo no acaba de funcionar para que el consumidor no sea el peor parado del lado perdedor.