En Galicia se prepara otra agresion contra los derechos de los padres

En Galicia se prepara otra agresión contra los derechos de los padres
Luis Miguez Macho

19 de junio de 2007. Hace algunos meses, a raíz de la polémica que se originó en Galicia por la pretensión de la Consellería de Educación (en manos socialistas) de obligar a los profesores de lengua y literatura españolas a presentar la programación docente en gallego, tuve ocasión de explicar desde estas mismas páginas electrónicas la situación lingüística existente en la enseñanza no universitaria de nuestra Comunidad autónoma.No voy a reproducir ahora todo el contenido de aquel artículo. Sólo recordaré brevemente que el PP gallego había implantado durante su largo periodo al frente de la Xunta un modelo educativo dirigido a evitar la segregación de los alumnos por razón de la lengua, que se basaba en la garantía de un mínimo de asignaturas en gallego (tres), pero que, sin embargo, no impedía que toda la docencia (menos la de lengua y literatura españolas) se pudiese llegar a impartir en ese idioma.La aplicación práctica de este modelo nunca produjo grandes conflictos, porque se llevó a cabo con gran flexibilidad. Pues bien, los tres partidos con representación en el Parlamento de Galicia (PP, PSdeG y BNG) han pactado una modificación del mismo que eleva el mínimo de asignaturas en gallego al cincuenta por ciento, manteniendo exactamente igual la posibilidad de que toda la docencia se imparta en dicha lengua.El proyecto del decreto por el que se introducirá este cambio ha sido objeto de un dictamen desfavorable, por considerarlo ilegal, por parte del máximo órgano consultivo de la Comunidad autónoma, el Consejo Consultivo de Galicia, según informaba la prensa la semana pasada. Además, grupos de padres, aglutinados en la plataforma "Tan gallego como el gallego", se han movilizado contra la iniciativa y han organizado una recogida de firmas que lleva acumuladas más de doce mil. Esta ruptura de la paz social que en Galicia existía en torno al modelo lingüístico aplicado en la enseñanza no universitaria obliga a replantearse la cuestión desde sus propios fundamentos.Si se quiere mantener el sistema bilingüe sin separación de líneas educativas por razón de la lengua, la única alternativa aceptable desde el punto de vista de la efectividad de los más elementales derechos de los padres y de los alumnos, reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos y educativos, es que en la enseñanza pública se garantice el equilibrio perfecto entre los dos idiomas cooficiales: es decir, no el cincuenta por ciento de asignaturas en gallego como mínimo, sino como mínimo y como máximo. Por lo demás, el respeto de la libertad educativa exige que a los centros privados se les deje elegir el modelo lingüístico, puesto que a nadie se le obliga a acudir a los mismos, y la conclusión no debería ser muy distinta para los centros concertados, igual que se les permite tener ideario propio.El que ningún partido con representación parlamentaria parezca dispuesto a asumir estos mínimos y, en cambio, pacten entre todos hacer prevalecer los inexistentes derechos de las lenguas sobre los derechos de las personas, denota que nuestro sistema político tiene un grave problema. Afortunadamente, éstos no son ya tiempos de resignación, ni siquiera en la muy resignada Galicia, sino de rebelión cívica. Si usted tiene hijos escolarizados en esta Comunidad autónoma, firme aquí. Se trata decidir si a nuestros hijos los vamos a educar nosotros o nos los van a educar ellos.

La cuestión lingüística en la educación en Galicia
Luis Miguez Macho

30 de diciembre de 2006. Acaba de saltar a la primera plana de los medios de comunicación nacionales el conflicto que está ocasionando en Galicia la pretensión de la Consellería de Educación de la Xunta (en manos, por cierto, de los socialistas y no de los nacionalistas del BNG) de obligar también a los profesores de lengua y literatura española a presentar la programación docente en gallego. La noticia ha llamado especialmente la atención porque es la primera vez que un conflicto lingüístico de cierta importancia se produce en Galicia, si exceptuamos la polémica por la denominación oficial de la ciudad de La Coruña,Cuando el PP estaba en la Xunta, estableció que determinadas materias de la enseñanza no universitaria se impartan necesariamente en gallego, con el objetivo de que todos los alumnos reciban una educación bilingüe, frente a la alternativa de prever grupos separados por razón del idioma; alternativa mucho más acorde, por cierto, con el derecho que los tratados y declaraciones internacionales reconocen a los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, así como con el respeto que esos mismos textos imponen por el idioma del niño, pero que, para el PP gallego, presenta el peligro de escindir la sociedad en comunidades separadas por razón de la lengua.De esta forma, en teoría se da una situación de desequilibrio a favor del gallego, pues en cualquier centro educativo se podrían impartir todas las asignaturas (menos lengua y literatura española, claro) en gallego, pero no al revés. En la práctica, la situación real es de una anarquía consentida que, sin embargo, había evitado hasta ahora los conflictos lingüísticos. En algunos centros públicos y, desde luego, en buena parte de los privados y concertados, sólo se imparten en gallego las asignaturas mínimas, y aun con éstas hay una cierta flexibilidad; en otros centros públicos y en alguno privado, la enseñanza es casi totalmente en gallego.La primera vuelta de tuerca para romper esta armonía basada en la autorregulación social la acaba de dar el bipartito (e insisto, ha sido el PSOE y no el Bloque), echando mano de otra disposición, especialmente desafortunada, de esa misma normativa aprobada en la época de Fraga: la que establece con carácter general que los documentos y actuaciones internas de los centros educativos se harán en gallego. En esto se basan para exigirles a los profesores de lengua y literatura española que redacten la programación docente en gallego.Digo desafortunada porque nada justifica que se imponga a los funcionarios y a los órganos administrativos que utilicen una lengua cooficial y no la otra en las relaciones administrativas internas, no con los ciudadanos: en un sistema democrático, el único fundamento jurídico que permitiría forzar la libertad individual de los funcionarios para utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales es la necesidad de atender a los ciudadanos en el idioma de su elección. Por eso, como profesor de Derecho administrativo, ofrezco desde aquí mi asesoramiento gratuito a cualquier afectado que quiera defender su libertad frente a esa intolerable imposición lingüística.Pero no es en los tribunales donde se va a ganar esta batalla, sino mediante la rebelión cívica. Toda norma que injustificadamente pretenda forzar la libertad individual de utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales debe considerarse no vinculante para quien no sea nacionalista y no comparta esa concepción de la eufemísticamente llamada "normalización lingüística". Que se sancionen entre ellos, si eso les divierte.

Los curas aciertan, los obispos dudan
Pascual Tamburri
¿QUÉ VALORES?
El PSOE ha planteado, con la Educación para la Ciudadanía, un debate decisivo: ¿Puede el Estado suplantar a la familia? ¿Puede la familia interferir en la milenaria libertad de cátedra? ¿Pueden los profesores pedir lo que no dan y exigir lo que no se exigen?


-->
Madrileña de 16 años, primera objetora de una asignatura de la LOERouco, duro con la Educación para la Ciudadanía y prudente con la COPEContra la educación para la ciudadanía, derecho a la desobedienciaMercedes Cabrera, la "tapada" de Zapatero para su proyecto más radical
1 de junio de 2007. Zapatero y Mercedes Cabrera se han salido con la suya: en septiembre se aplicará la LOE, sólo algunas Comunidades del PP retrasarán el invento (Navarra no), los curas de la FERE impartirán Educación para la Ciudadanía en sus colegios, la editorial de los marianistas (SM) ha preparado un manual al efecto y el profesor José Antonio Marina cree que no hay derecho a la objeción de conciencia en este caso, y que "el derecho de los padres a educar a sus hijos no es un derecho absoluto".(Bien, lo sé: estamos empezando un blog, soy navarro y Zapatero acaba de soltar al asesino De Juana. Pero otros lo pueden escribir mejor y el Código Penal limita qué puede decirse: así que prefiero recordar un tema menos urgente pero más importante)Los profesores y los padres son, exactamente como los alumnos y no más que ellos, hijos de nuestro tiempo. Yo intento dar clase justo frente a la ciudad de Quintiliano, quien dejó escritas unas cuantas cosas que ni los obispos, ni los progres, ni el PSOE, ni el PP, ni Cabrera, ni Zapatero, ni los padres ni, ay, demasiados docentes, recuerdan."Asuma ante todo un espíritu de padre con respecto a sus alumnos, y piense que está en el lugar de aquellos que le han confiado a sus hijos (...). Diga alguna vez, es más, muchas, y diariamente, cosas que sus oyentes guarden consigo. [Pues] la viva voz alimenta mucho más, y, sobre todo, la del maestro al que sus discípulos, si están bien educados, aman tanto como veneran. No se puede decir cuánto más gustosamente imitamos a quienes amamos". Como decía Kipling en su Stalky, estamos in loco parentis; y no tiene sentido enzarzarnos en el nombre de una asignatura si contamos los días que faltan para cobrar la nómina, las semanas que quedan hasta fin de curso o los años hasta la jubilación. Hoy, como siempre, sólo el alegre deber de enseñar -con la conciencia de que trabajamos con personas y no con tornillos ni con libros de cuentas- nos da derecho a exigir."Después de hablar bastante de los deberes de los maestros, a los discípulos, entretanto, sólo les recomiendo esto: que amen a sus maestros no menos que a los mismos estudios (...). Finalmente vendrán contentos y entusiasmados a las reuniones de las escuelas, no se enfadarán cuando se les corrija, se alegrarán cuando se les alabe, y se dedicarán al estudio para ser los más queridos". Porque el maestro está para dar algo que la familia no puede dar; los padres elegirán dónde y cómo, pero no pueden entrar en el aula. No es casualidad que los religiosos hayan dedicado unos siglos a enseñar, y hayan concluido esto, y que en cambio los socialistas, como los obispos, estén pecando de pardillos. La educación para la ciudadanía y la objeción de conciencia quedarán en mera anécdota. Nuestros problemas son otros.