El juicio del 11-M y las victimas de ETA

jueves 14 de junio de 2007
El juicio del 11-m y las víctimas de ETA
EL trámite de los informes orales de las partes acusadoras del juicio del 11-M ha producido el efecto de ordenar las conclusiones, despejar algunas ambigüedades, establecer puntos en común y reducir a la nada los márgenes de las teorías extrajudiciales sobre la autoría del atentado. Cuando se acaban las pruebas y los letrados tienen que acompasar sus conclusiones a lo que el tribunal ha visto y oído, no queda espacio para las especulaciones y las conjeturas, porque está en juego no sólo su prestigio profesional, sino también la suerte de sus pretensiones. Este principio de actuación procesal se ha visto claramente en el tramo final de la vista del 11-M, aunque las clarificaciones de algunas acusaciones hayan quedado veladas por las polémicas intervenciones previas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y de la fiscal encargado del caso. Javier Zaragoza hizo una convincente y sólida defensa de la investigación sumarial, de la legalidad de las pruebas y de la eficacia de los indicios y datos acumulados con los acusados, pero incluyó una referencia excesiva al comportamiento procesal de determinadas acusaciones populares.
En cuanto a la fiscal Olga Sánchez, sus críticas a determinados medios de comunicación excedían los límites del informe oral, y por ello fue adecuadamente advertida por el presidente del tribunal. Pero a la hora de valorar a la fiscal Sánchez sería injusto olvidar los escarnios personales a que ha sido sometida continuamente por mantener una línea de investigación y acusación que, con los defectos y errores que puedan apreciarse, se ha visto sustancialmente confirmada en estos cuatro meses de sesiones orales. Lo importante para la resolución del caso es que en estas últimas jornadas se ha producido una mayor coincidencia entre las conclusiones de la Fiscalía y aquellas acusaciones populares que han mantenido las posiciones más críticas con los resultados del sumario. En sus conclusiones finales, estas asociaciones han reconocido que no hay pruebas de la participación de ETA, no dudan de la responsabilidad de los acusados (aunque creen que puede haber más responsables) y aceptan -como manifestó el letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M- la validez de las principales pruebas de cargo. Mantienen sus críticas a determinados aspectos de la instrucción y a lo que juzgan una exclusión sistemática de otras participaciones; cuestionan la prueba de los explosivos y prevén que el 11-M no se agotará en este juicio. Esto último es obvio, pues, como señaló el juez del Olmo en sus últimos autos, quedan espacios en blanco en la instrucción relativos a la identidad de algunos posibles responsables, aún anónimos. Aunque de este juicio no se desprendan datos que avalen las dudas de estas acusaciones, sus conclusiones implican una aclaración de las posiciones iniciales, que causaron equívocos sobre los verdaderos objetivos que perseguían. Para el tribunal es importante que todas las acusaciones compartan unos mismos argumentos en torno a los acusados y le ahorren una polémica, absurda e infundada, sobre si participó ETA en los atentados o si hubo una conspiración policial. La autoría es islamista, no se pudo impedir el 11-M y sus autores buscaban, ante todo, impedir que el PP ganara las elecciones del 14 de marzo.
Para este periódico, el desarrollo del juicio se ha producido con estricto respeto a las garantías constitucionales, el tribunal ha actuado con imparcialidad y firmeza, no ha habido ninguna restricción probatoria y la publicidad de las sesiones fortalecerá la legitimidad de la decisión final. Este proceso ha sido complejo. Nunca antes la Justicia se había visto enfrentada a la investigación de un hecho criminal de las dimensiones del 11-M. Aun así, la Policía reaccionó con eficacia en los días posteriores al atentado, mérito político del Gobierno de Aznar que deberían tener en consideración las acusaciones que blanden la «foto de las Azores» como temeraria explicación del crimen terrorista. Obviamente, no todo ha sido impecable, ni perfecto. Ni en la investigación policial, ni en la dirección del sumario. Es probable que así se refleje en la sentencia. Pero las líneas fundamentales del sumario y de las acusaciones se han confirmado plenamente. Y con ellas, la posición editorial de ABC, que siempre se ha manifestado a favor del respeto a las instituciones y a los procedimientos judiciales, que siempre ha confiado en el Estado de Derecho para hacer justicia y que no ha querido ser copartícipe -aun a costa de sufrir una campaña de descalificaciones e insultos sin precedentes- en teorías que no estaban basadas en la buena fe ni en la legítima búsqueda de la verdad. Ésta, con las limitaciones de la justicia humana, llegará de la mano de una sentencia judicial con la que se culminará un juicio ejemplar e histórico.