lunes, marzo 12, 2007

Manuel Chavez Gonzalez

lunes 12 de marzo de 2007
Entonces y ahora
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
EN abril de 1999, el Gobierno del PP, atendiendo a «razones humanitarias» (una grave enfermedad), puso en libertad a Esteban Esteban Nieto, condenado a 3.150 años de cárcel por 21 asesinatos, entre ellos 17 guardias civiles. De esos 3.150 años de condena, ese asesino cumplió apenas 12. No recuerdo que nadie reprochara al Gobierno del PP haber actuado humanitariamente con quien no mostró piedad por sus víctimas. Ni en ese caso de Esteban Nieto ni en las otras nueve excarcelaciones que, por los mismos motivos y por decisión de Instituciones Penitenciarias bajo el Gobierno popular, dejaron en libertad a otros tantos presos condenados por delitos de terrorismo.
Nadie habló entonces de claudicación ni de cesión a un chantaje. Nadie aireó a las víctimas de estos presos puestos en la calle. Ahora sí y lamento que en esta funesta tarea, algunos no duden en emplear los nombres concretos de algunas, para aumentar el impacto de su desafortunada campaña. Muchos políticos hemos sufrido con la muerte de algún amigo a manos de los terroristas. Particularmente, nunca me atreveré a usar su memoria como ariete en la refriega política y me avergüenza que otros lo hagan.
Hace unos días, el Gobierno de España, de acuerdo con la ley, con el aval inequívoco de los jueces y con diagnósticos médicos oficiales, ha dispuesto la prisión atenuada de Ignacio de Juana Chaos, un ser despreciable que ya cumplió una condena por 25 asesinatos y al que ahora restan por cumplir 18 meses de una pena total de tres años por un delito de amenazas.
A todos nos repugna la sola mención de su nombre, que enseguida trae a la memoria su deleznable trayectoria. Gobernar no es fácil y en ocasiones es necesario adoptar decisiones con responsabilidad, calibrando las consecuencias que para los intereses generales de España tendría actuar en sentido contrario (por ejemplo, dejarlo morir y crear un héroe, debilitando sin duda la imagen de nuestro país en el exterior y alejando el final de la violencia), aunque de ello se derive un determinado coste político.
No es, pues, la actuación del actual Gobierno la que supone un cambio con respecto a lo hecho por gobiernos anteriores. Tampoco lo es la actitud del conjunto del arco parlamentario, que respalda la decisión adoptada por Interior de atenuar el cumplimiento de la pena para un delincuente, repulsivo, sí, pero que ya extinguió su pena por asesinato. La diferencia entre las excarcelaciones de antes y esta atenuación de la prisión es que el PP trata de sacar rédito político de la lucha antiterrorista lo cual es lo mismo, y lamento decirlo, que sacar tajada política del terrorismo.
Lamentablemente, desde que el Sr. Fraga dejó las riendas del PP, para ese partido el terrorismo nunca ha sido un tema de Estado que exigiera el consenso. Todo lo contrario, ha sido un elemento esencial, en realidad casi el único en los últimos años, para buscar la confrontación con el Gobierno y de excusa para secundar, y ahora convocar, manifestaciones contra el Gobierno. Al PP le importa bien poco que desde el Gobierno, Aznar, Acebes y Rajoy actuaran de forma muy similar a como ahora lo ha hecho el Gobierno socialista en el caso De Juana Chaos. Los cálculos del PP, que son mucho más fríos de los que pudiéramos pensar a la vista de su aparente exaltación, pasan por aprovechar la justa indignación que la sociedad española siente ante los criminales de ETA, con el único objetivo de desgastar al Gobierno.
¿Qué hubiera sucedido si, durante el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara, a cambio de cuya vida ETA exigía -conviene no olvidarlo- el reagrupamiento de presos, el PSOE en la oposición hubiera presentado el traslado a cárceles vascas de medio centenar de reclusos -algunos con delitos de sangre- como una claudicación del Estado ante el chantaje terrorista? Tal reagrupamiento se produjo, y los responsables de Interior, con el ministro Mayor Oreja a la cabeza, admitieron sin ambages que se realizaba para que la banda no pudiera argüir que, ante las exigencias terroristas, Interior hubiera actuado con «cerrazón e intransigencia». ¿Fue eso una cesión al chantaje? Sinceramente, creo que no: fue un intento por parte del Gobierno de solucionar un serio problema. Todos respaldamos al Gobierno del Sr. Aznar porque todos reconocíamos, y el primero el PSOE, que es al Gobierno a quien le corresponde la dirección de la lucha antiterrorista.
A muchos nos podría rechinar que la dispersión de presos, una medida dura adoptada por el Gobierno de Felipe González, fuera puesta en cuestión por el PP nada más llegar al poder y justo en medio del secuestro de un funcionario de prisiones. Pero el PSOE no dijo nada contra el Gobierno, no convocó manifestaciones, no exhibió pancartas con los nombres de otros funcionarios asesinados por ETA en represalia por la dispersión.
También a muchos españoles les pudo sentar mal -a mí, desde luego, sí- que el presidente del Gobierno, Sr. Aznar, se refiriera a ETA en su día no como lo que es -una banda terrorista- sino como lo que en su alucinación dice ser: Movimiento Nacional de Liberación Vasco. La oposición socialista, que había sufrido muchos muertos entre sus filas, aceptó el dudosísimo gesto (algunos podrían pensar que llamar MNLV a los terroristas fue una claudicación en toda regla) y no lo empleó como arma de confrontación política.
En su estrategia, el PP no sólo trata de ocultar su propia actuación cuando estaba en el Gobierno sino que no duda en recurrir a la mentira, enviando a la opinión pública un mensaje que, no por simple y primario, deja de ser falso: «El Gobierno de ZP ha dejado el libertad a un asesino de 25 personas». Eso lo hicieron ellos, como hemos visto en el caso de Esteban Nieto, y no el PSOE, que ni pone en libertad a nadie ni atenúa una condena de asesinato sino una por amenazas, de la que, conviene insistir, se había cumplido la mitad. El Gobierno del PSOE tampoco ha concedido beneficio penitenciario alguno al terrorista, como también pone de relieve el juez de vigilancia penitenciaria. Quien sí lo hizo fue el Gobierno del PP, que rebajó en un año la pena a De Juana por escribir un panfleto en el que, para colmo, justificaba la lucha armada. El PP lo sabe, naturalmente que lo sabe, pero cree que encontrará eco en la opinión pública apostando por la aplicación al terrorista de un remedo de Ley del Talión. Tal vez encuentre algún eco en ciudadanos hastiados de la violencia de ETA, pero es una auténtica irresponsabilidad porque en un Estado de Derecho ni los ciudadanos ni mucho menos el Gobierno y la oposición pueden dejarse llevar por deseos de venganza.
El PP demuestra con ello que le importa mucho menos el fin de ETA que el fin del Gobierno socialista y ahí tal vez falle el cálculo de la cúpula conservadora: es muy posible que muchos ciudadanos, incluyendo a buena parte de los que no comparten la atenuación de la condena a De Juana, no le perdonan al PP que anteponga sus intereses electorales al bien común de los españoles.
Y que lo haga, además, de una forma tan bronca y desmesurada. En realidad, el PP parece decidido a todo con tal de desgastar al Gobierno. ¿Es asumible o no para el PP que el final de la violencia se produzca bajo un Gobierno socialista? Para la inmensa mayoría de los españoles, el final del terrorismo es un sueño y les da exactamente igual quién gobierne cuando ello suceda. También en esto les puede fallar el cálculo a los desesperados dirigentes del PP.
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía

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