Maniobras socialistas en el TC

miercoles 7 de marzo de 2007
Maniobra socialista en el TC
FLACO favor han hecho el PSOE y sus aliados a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. A través de una enmienda -introducida a última hora por Izquierda Unida y que contó con el apoyo de los socialistas- Casas seguirá siendo presidenta del TC hasta que cese su mandato como magistrada en diciembre próximo, a pesar de que el periodo de presidencia finaliza en junio. Hasta ahora, este desfase entre el cese como presidente y el cese como magistrado se resolvía con una costumbre interna del TC que permitía a quien ostentaba la presidencia seguir en ella hasta la renovación de su plaza con un nuevo magistrado. Así ha venido funcionando el TC desde su constitución.
Pero a los socialistas y sus aliados más extremistas les ha entrado miedo de que María Emilia Casas, propuesta por el PSOE, tuviera que abandonar la presidencia en junio, a favor del vicepresidente, Guillermo Jiménez, propuesto por el PP. El significado político de la enmienda apoyada por el PSOE es muy claro: tiene como finalidad asegurarse el voto de calidad de la presidenta del TC en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra el estatuto catalán y en otros casos en los que el Gobierno socialista tiene comprometidos sus proyectos principales de la legislatura, como la ley integral contra la violencia sobre la mujer o la de extensión del matrimonio a las parejas homosexuales. La reforma es, en sí misma, todo un juicio de intenciones partidista, tanto porque encierra la presunción de que María Emilia Casas -a la que afectará la reforma sólo si se aprueba antes de que finalice su presidencia- es un voto asegurado a favor de todas sus pretensiones, como por la convicción de que ninguno de estos recursos se va a resolver por mayoría. Así planteada, la enmienda que ha aceptado el PSOE es una forma gratuita e irresponsable de marcar ideológicamente a la presidenta del TC y de tratarla como un mero cargo de confianza. María Emilia Casas es una jurista de prestigio y una docente reconocida unánimemente por la comunidad universitaria. A quienes compromete esta iniciativa es a los que la han apoyado, que nuevamente delatan su falta de respeto a los poderes del Estado. El PSOE ya dio un golpe de mano similar en el Consejo General del Poder Judicial, aumentando la mayoría necesaria para nombrar magistrados en el Supremo, única manera de contrarrestar la mayoría conservadora formada democráticamente tanto en las elecciones entre jueces como, posteriormente, por la designación del Congreso y el Senado.
La pinza de la izquierda y el nacionalismo sobre el TC asfixia un poco más la independencia de este órgano fundamental del Estado. Tres días después de que la Generalitat presentara la recusación -infundada y extemporánea- contra el magistrado Rodríguez Zapata, el PSOE desprecia ahora el prestigio personal de la presidenta del TC con un blindaje de su voto de calidad y traslada su estado de nervios a este órgano. Pocas veces se ha visto un ejercicio tan descarado de manipulación política de las instituciones.
Las primeras consecuencias negativas ya se han producido. El PP, con toda razón, ha descartado llegar a un acuerdo con el PSOE sobre las reformas del TC y del Poder Judicial. El consenso estaba cerca y habría sido un contrapunto a tanta crispación, pero los socialistas han decidido no estar concernidos por el más elemental sentido de la lealtad constitucional y del respeto a las reglas. Juega a dos bandas y siempre acaba optando por pactar con las minorías los asuntos de Estado. Los socialistas están utilizando el Boletín Oficial y sus alianzas parlamentarias como una palanca para remover cualquier obstáculo que se interponga en su camino, con indiferencia hacia absoluta por el perjuicio a las instituciones y a las personas que las integran. El precio también está claro: el TC se abrirá a las comunidades para que éstas propongan cuatro candidatos. Será un nuevo frente de discriminación y agravio, porque, como denunciaba Ignacio Astarloa, no se fijan los criterios necesarios para reducir diecisiete propuestas a cuatro.
Estas no eran las reformas que precisaba el TC, asfixiado por recursos de amparo que lo convierten en un tribunal ordinario y cada año más impedido para ejercer sin dilación sus funciones. Una vez más, el Gobierno no resuelve los problemas, sino que agrava los que ya hay y crea otros nuevos