El supremo da oxigeno al gobierno en su proceso al avalar las reuniones con ETA

viernes 8 de diciembre de 2006
El Supremo da «oxígeno» al Gobierno en su «proceso», al avalar las reuniones con BatasunaSostiene que es un «fraude constitucional» querer «corregir la dirección de la política» utilizando, para ello, a la Justicia  El PP pide que no se tiendan «cortinas de humo», ya que lo importante es no pagar «precio político» a ETAF. Velasco
El dirigente socialistas Patxi López durante su encuentro con el líder batasuno Arnaldo Otegi
Madrid- No hay obstáculos legales para que dirigentes del PSOE mantengan reuniones oficiales con Batasuna en las que puedan abordar, por ejemplo, cuestiones relativas al denominado «proceso de paz» o a la «mesa de partidos». Y no hay esos impedimentos porque no existe una «orden expresa» que lo prohíba. Esto es lo que el Tribunal Supremo afirma en el auto donde inadmite de plano la querella que el colectivo de funcionarios Manos Limpias presentó contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el secretario de Organización del PSOE, José Blanco; el secretario general del PSE, Patxi López, y el coordinador del PSE, Rodolfo Ares, por la reunión que mantuvieron estos dos últimos con representantes de Batasuna el pasado mes de julio. La sentencia que ilegalizó la formación política abertzale, en marzo de 2003, no es obstáculo para que sus dirigentes puedan mantener ese tipo de encuentros, y, por tanto, esa actuación no puede encuadrarse dentro del delito de desobediencia. El Tribunal resuelve esta cuestión con apenas cuatro líneas: «En cuanto al delito de desobediencia del art. 410 del C. Penal, que también imputan a los querellados, baste decir que, sin orden expresa, no puede existir negativa abierta a su cumplimiento, tal ocurre en el presente caso, de ahí la ausencia de conducta delictiva». Control judicial al Gobierno Por otro lado, la resolución del Supremo -dictada por los magistrados Juan Saavedra, presidente de la Sala Penal, Siro García, Carlos Granados, José Manuel Maza y Miguel Colmenero- alude al control por los tribunales de la acción del Gobierno, dado que se imputaba a los querellantes también un delito de prevaricación. En este punto, la Sala parte del reconocimiento de ese control judicial, como uno de los rasgos característicos del Estado constitucional. Sin embargo, dicho control «nunca podrá realizarse haciendo abstracción de la primacía que tiene el principio democrático en el sistema constitucional», primacía que se manifesta en que son las Cortes Generales las que «controlan la acción del Gobierno». Por ello, añade el auto del Supremo, sería un «fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior que el art. 97 CE encomienda al Gobierno democráticamente legitimado». De esta forma, la Sala, coincidiendo con el criterio expuesto por el Ministerio Fiscal, inadmite la querella al concluir que los hechos denunciados no son susceptibles de considerarse delito de falsedad o prevaricación. Reacciones Las reacciones a este decisión del Tribunal Supremo no se hicieron esperar. Los partidos afectados, al igual que el fiscal general del Estado, expresaron su satisfacción con la resolución adoptada, mientras que desde el PP se ponía el acento en que lo importante es poner fin a cualquier tipo de «negociación política» con ETA. Así, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que «no se pueden tender cortinas de humo» y que «lo importante no es una resolución que haga un Tribunal en un determinado momento, sino que el Gobierno no haga una negociación política ni pague un precio político con una organización terrorista». En esta línea, insistió en que no es «moral» hablar con ETA de asuntos como Navarra, de cambiar el Estatuto de Autonomía «o hacer algo parecido» al Plan Ibarretxe, ni de territorialidad y política. «La negociación política con el terrorismo es un suicidio y además es algo absolutamente ineficaz», sentenció Rajoy. A su juicio, «esto es lo importante» y la razón por la que discrepa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tal como expresó, «no se puede pagar un precio político con una banda terrorista porque entonces el terrorismo se convertiría en un instrumento para hacer política, y eso es algo que de ninguna manera se puede aceptar». Desde el Gobierno, su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tras destacar que el Ejecutivo recibió con «respeto absoluto» el auto de la Sala Penal, sí reconoció que con esta resolución el Tribunal Supremo «ha abierto el camino». En este sentido, y preguntada al respecto de la repercusión que puede tener ese auto del Tribunal Supremo en la querella presentada por el Partido Popular contra López y Ares por haberse reunido con dirigentes de Batasuna, la ministra de la Presidencia eludió pronunciarse sobre estas posibles consecuencias, puesto que éstas, destacó, «las van a fijar los propios tribunales». Con ETA, no, con HB, sí En todo caso, De la Vega, según Ep, señaló que ella no es partidaria de una «judicialización de la vida política», aunque señaló que «cada partido es responsable de adoptar las decisiones que considere oportunas». Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que comparte «plenamente» la decisión del Tribunal Supremo. En declaraciones a Efe, Conde-Pumpido dijo que la decisión del Alto Tribunal «nos parece muy razonable y es la que debía esperarse». Por contra, la lectura desde las víctimas del terrorismo era bien distinta. En este sentido, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, informa Servimedia, aseguró que esa decisión supone que los jueces deberán analizar en su momento en qué medida son responsables de eventuales acuerdos con la formación ilegalizada y que «cuando desgraciadamente todo ello vaya a peor y veamos las consecuencias de esas reuniones, a ellos les corresponderá hacer un juicio de valor y ver si las decisiones fueron las correctas». Por su parte, desde el CGPJ, su portavoz, Enrique López, pidió que el aval del Supremo a las reuniones con Batasuna no sirva para «descalificar el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco». López hizo una «llamada general» al respeto a los tribunales y pidió «prudencia y responsabilidad en las lecturas» que se hacen de las resoluciones judiciales. Mientras, el vocal del Consejo, José Luis Requero valoró como «correcto desde el punto de vista jurídico» el auto de la Sala Penal del Supremo», y que, además, nunca ha entendido «porqué no es delito reunirse con ETA, y así lo hicieron la UCD, el PSOE en su primera época y PP en la pasada legislatura, al margen todo ello de sus resultados, y por el contrario no es delito reunirse con Batasuna».